Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum atacó a los firmantes del desplegado (Beltrones (PRI), Labastida (PRI), Alcocer (PSUM-PRD) y Fernández de Cevallos (PAN)), quienes le recomendaban algunos puntos a considerar en el proyecto de reforma electoral. Sin discutir las ideas y sin analizar el contenido del desplegado, solo se concretó a señalarlos a los cuatro como representativos de la era salinista y de la era priista y panista.
Claro, no dijo nada acerca de que tanto el Partido Verde como el del Trabajo —ahora aliados incómodos— fueron creados e impulsados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Para el oficialismo, salir a cada rato con el argumento recurrente de que todo el pasado fue peor se está convirtiendo no solo en una retórica pasmosa y aburrida, sino en su principal aportación ideológica a siete años de que los estribillos de la llamada “Transformación” nos abruman a cada rato y en cada momento.
Dividieron la historia partiendo desde 1982, en que asumió la presidencia de México Miguel de la Madrid, y han bautizado como el “período neoliberal” a las principales medidas de política asumidas en ese sexenio, continuadas por Carlos Salinas de Gortari e impulsadas también por el último de los presidentes mexicanos del PRI en el siglo XX: Ernesto Zedillo.
Una etapa (1983-2000) en la que México se modernizó en todos los órdenes, en la que se establecieron las bases del futuro desarrollo económico, con reformas estructurales de gran calado y la más importante negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que hoy es la base de su negociación con Norteamérica. También se consolidaron las principales etapas de la moderna reforma política (IFE, INE, TEPJF, Suprema Corte, ampliación de la representación proporcional, elección de gobernante en la Ciudad de México, etc.) y el sistema se adaptó a la pluralidad política en ascenso, que empezó con importantes derrotas del PRI en municipios de Chihuahua y continuó con la derrota en la primera gubernatura estatal en Baja California (1989).
Fue una etapa en la que la economía mexicana se estabilizó y creció a cifras todavía no igualadas por los nuevos gobiernos de la autonombrada 4T, y se superaron las crisis recurrentes de finales de sexenio que marcaron una muy difícil etapa de la historia mexicana ante las turbulencias externas y los desórdenes internos.
Con las reformas políticas se controló la violencia política producto del anacronismo de los sistemas electorales, que daban lugar a protestas callejeras, toma de palacios municipales e inestabilidad institucional que alcanzó incluso al Congreso de la Unión y a las representaciones políticas locales. Todo eso se atenuó con la incorporación gradual de las propuestas de las oposiciones (PAN, PRD) a las reformas del sistema impulsadas a partir de la cuestionada elección presidencial de 1988 y la “caída del sistema”, para ampliar la representación política en todas las instancias del sistema político mexicano. Así, y con el tiempo, fueron apareciendo nuevas formaciones y más de 30 partidos políticos que reflejaron históricamente la representación multicolor de la política mexicana, hasta llegar a concentrar las fuerzas políticas en los seis partidos políticos que hoy actúan en el sistema mexicano.
¿Por qué entonces los ideólogos de la llamada 4T distorsionan la historia diciendo que jamás en esa etapa hubo democracia?
¿Por qué desde lo más alto de la autoridad gubernamental se sostiene a cada rato que no se invirtió en educación superior en México, cuando es de todos conocido que la mayor inversión en universidades e institutos tecnológicos del país se dio a partir del gobierno de Luis Echeverría en 1970 y se consolidó en el gobierno de Ernesto Zedillo con la descentralización de la educación superior y la creación de las universidades tecnológicas?
¿Por qué les da por tratar de reinventar la historia de México y ajustarla a sus programas como si esos nunca hubieran existido?
Además, sostienen a cada rato que antes la educación era un privilegio (sic) y que ahora es un derecho.
¿Qué dirían hoy los grandes educadores mexicanos como el creador de los libros de texto gratuitos —en el sexenio de Adolfo López Mateos—, Jaime Torres Bodet, uno de los impulsores de la gran reforma del artículo tercero constitucional que, desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, estableció la obligatoriedad de la educación pública librándola de “motes” heredados como la educación socialista?
¿Qué dirían ante eso los miles y miles de educadores y promotores sociales que por años combatieron el analfabetismo y ampliaron los accesos a las escuelas primarias y secundarias de México para cumplir con el derecho a la educación?
El problema del oficialismo es que no tiene una teoría propia ni ideas originales del cambio que dice promover e impulsar.
Se cierran en su marco ideológico ante el quiebre de referentes internacionales que por años los inspiraron y la demostración histórica (el juicio de la historia, pues) que no les da la razón ante las incontables evidencias de los cambios promovidos en los períodos que hoy atacan y señalan como los peores de México.
Todo indica que les urge acabar con el pasado que los agobia y no saben cómo. Ante eso solo les queda la descalificación de lo que se hizo y el ataque directo a quienes promovieron los principales cambios en México en la etapa que analizamos.
Ningún expresidente de México —incluyendo a los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox— les ha merecido respeto. Antes, al contrario: ante la crisis que no pueden resolver (como el resurgimiento de enfermedades), a cada rato les echan la culpa de los nuevos problemas, como el de la vacunación masiva, y no terminan de acusarlos de haber generado el clima de violencia que ahora México enfrenta. El discurso oficial en esa materia se ha estancado en García Luna y Felipe Calderón como los malos de la película.
No quieren saber nada de verdaderos estadistas como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y, en sus análisis y promociones se los brincan hasta llegar a Lázaro Cárdenas del Río, y ahí termina su interpretación. Tampoco quieren saber nada de Venustiano Carranza y aplican su discurso solo a personajes históricos de conveniencia. En el nuevo proyecto de reforma electoral enviado al Congreso de la Unión podemos descubrir esa interpretación distorsionada de la historia de México y los apuros que enfrenta el régimen para tratar de legitimarse.
Se trata del primer proyecto de reforma política en la historia reciente de México (en 71 años) que no fue precedido de un diagnóstico realista sobre la situación política, y que para nada —en su redacción final— incluyó las expresiones opositoras que demandaron siempre participación, negando con ello la historia de México de los últimos años, en que las oposiciones al gobierno fueron las principales diseñadoras de los cambios políticos ocurridos en el país, desde la inclusión del derecho al voto de las mujeres en 1953 y la creación de los diputados de partido en 1963. Y ni qué decir de las reformas que se vinieron en cascada a partir del movimiento estudiantil de 1968, la crisis de la representación política de 1975 (cuando el PAN no presentó candidato presidencial) y la caída del sistema de 1988, cuando el sistema parecía agotarse y no daba para más.
¿De qué les sirve entonces negar esa historia y ahora tratar de distorsionarla? Por eso sus crisis y por eso el ‘atorón’ que ahora están viviendo con la rebelión de sus aliados y con aquellos funcionarios improvisados —inédito en la historia— que se niegan a entregar los cargos públicos como si fueran de su propiedad. Nada nuevo bajo el sol, y sí mucho que hacer por delante.
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