#Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno
En Morena siguen pensando que el caso Rocha Moya de Sinaloa no los va a afectar en las próximas elecciones del 2027. Piensan que todo sigue igual. Que la protección a ultranza que el exgobernador está recibiendo del gobierno federal para tratar de aislarlo de la información sobre su caso y negando radicalmente la posibilidad de extraditarlo, aunque cada día aparezcan más datos sobre el problema que le achacan y versiones confiables sobre el involucramiento del personaje con la delincuencia organizada en su entidad desde antes de la elección del 2021.
¿Por qué esa defensa tan apasionada del gobierno de un personaje que tanto daño le ha provocado? En primer lugar, por la pertenencia al grupo de poder de Morena que conformó en su tiempo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El razonamiento parece ser que si Rocha cae, y habla, se sabrían muchas cosas que pondrían más en riesgo al llamado partido Movimiento, que va apenas en el octavo año de su dominio político nacional. En segundo lugar, si Rocha es entregado al gobierno de los Estados Unidos tal y como lo señalan los protocolos de los tratados de extradición, quién sabe qué pudiera revelar allá que pudiera comprometer aún más al llamado partido Movimiento, poniéndolo en serio riesgo de viabilidad política en el mediano plazo, cuando están por definirse 17 gubernaturas y 500 miembros de la Cámara Federal de Diputados.
Más allá de la excesiva protección a Rocha Moya y a su grupo, el gobierno federal debería convencerse de que toda la información que ha proporcionado al respecto ha sido rebasada por la realidad de las versiones personales de los principales actores que vivieron de cerca la crisis de Sinaloa, tanto lo que atañe a la elección del 2021 como a los acontecimientos violentos del 2019 —cuando pudieron aprehender a uno de los hijos de Joaquín Guzmán— y los que involucraron el traslado de Zambada en el «mayor misterio mexicano» de julio del 2024, que todavía se sigue discutiendo en medio de contradicciones y versiones encontradas, que en lugar de aclarar el asunto le aportan mayores ingredientes de confusión y tensión en la relación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos.
Morena busca con urgencia un modelo alternativo al de Rocha Moya para aplicarlo en las elecciones del 2027, pero todavía no lo encuentra. Tal vez por eso adelantaron los tiempos, pretendiendo contar con aspirantes definidos a las gubernaturas con mucho tiempo de anticipación a junio del 2027. Al respecto, surgen varias interrogantes: ¿De dónde saldrá el financiamiento de las campañas de los morenistas con tanto tiempo de anticipación? Los antecedentes revelados de financiamientos oscuros derivados de actividades ilícitas o de dinero público hacen pensar que el modelo Rocha Moya terminará por imponerse en campañas tan largas y tiempos tan estirados de aquí a la elección del próximo junio. ¿Si no, cómo? ¿Cuál será el papel de los organismos electorales encargados de la vigilancia y el control de los procesos internos de los partidos políticos y la aplicación de las leyes electorales? Los casos recientes nos hablan de un control total del oficialismo sobre los organismos electorales, así que no debemos esperar nada acerca del control y la mediación que deberían ejercer para evitar que las largas campañas deriven en exceso de gastos y violación de los tiempos electorales señalados en las leyes respectivas. El problema será para las oposiciones, que en esa materia no encontrarán piso parejo y poco les servirá acudir a las instancias electorales controladas de antemano por el oficialismo. Ya se vio en el caso de la alcaldesa de Acapulco —que sin ser tema electoral— la Suprema Corte de Justicia la absolvió de señalamientos graves realizados por la Auditoría Superior de la Federación en torno al manejo de 900 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar esos millones?
El verdadero dilema del modelo Rocha Moya para las próximas elecciones será el del control político territorial de parte de los grupos fácticos y los intereses creados de la delincuencia organizada, que aspiran a mantener el control regional en algunas entidades a través del financiamiento de campañas políticas y el condicionamiento político pactado con algunos partidos y las fuerzas en juego, para asegurar el control de regiones y cargos públicos estratégicos negociados previamente, como ha demostrado de sobra el modelo Rocha Moya 2021.
Los partidos de oposición deberán elaborar una narrativa creíble y práctica sobre los modelos aplicados por el oficialismo en tiempos electorales. No es cierto que ya todo esté decidido de aquí a junio del 2027. La realidad política para el oficialismo ha cambiado aceleradamente en la medida en que también crece la inconformidad social con sus gobiernos. La mala negociación con el gobierno de los Estados Unidos ha caído como bomba en los sectores productivos nacionales, que ya no ven cómo salir de problemas que antes —en tiempos del odiado neoliberalismo— se manejaban con un mayor pragmatismo y eficacia. Los ganaderos acaban de cumplir un año sin exportar ganado a los Estados Unidos por los problemas del gusano barrenador, creados por el propio gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Los inversionistas del sector automotriz están migrando a los Estados Unidos para evitar el problema de los aranceles. El TMEC, que tantas satisfacciones le generó a México a partir de su firma en 1994 —también en tiempos del denostado neoliberalismo—, ha sufrido una interrupción al decretar el gobierno americano que se negociará cada año en los próximos diez años. El déficit público sigue creciendo en relación al PIB, así como el endeudamiento, que no para desde que López Obrador multiplicó la deuda recibida en 2018 de 10 a 20 billones de pesos, provocando con ello una sequía financiera en el gobierno que ya se está reflejando en lo cotidiano y en los servicios directos a la gente.
Al oficialismo se le agota la «presunción de eficiencia» en relación a la «disminución de la pobreza» y los efectos del «incremento de los salarios mínimos», al notarse cada día una mayor cantidad de gente en las calles limpiando vidrios de los vehículos y vendiendo frutas, así como una mayor migración hacia las áreas urbanas de las grandes ciudades para buscar satisfactores que no encuentran en sus comunidades.
Mucho que desmitificar y debatir sobre las verdades del oficialismo, que por ahora están en charola de plata para las oposiciones y sus ofertas electorales para el próximo año. Faltará, claro, en las oposiciones, desmitificar la versión del oficialismo de que con cualquiera ganan, como si los electores no hubieran evolucionado de forma tal que por ahora los estudios de opinión señalan que el elector se fijará más en la gente que postulen que en el partido de origen. Y también cuidar la unidad interna de los partidos opositores. Habrá quienes quieran rebasarlos con candidaturas prematuras e imposiciones de los intereses en juego. O confundirlos con candidatos importados ante la falta de buenas opciones locales que, por lo que se ve, ya tienen tiempo trabajándolas.
Nada para nadie todavía, y todavía falta mucho que ver en el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos y de seguridad que ya le pesan a Morena y que aún no saben cómo manejar con eficacia y visión de Estado.
