Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno
Se trata de poner todo el poder del Estado mexicano a favor de una causa política que se dirime por medio de una elección constitucional. En el caso que nos ocupa y con la mira puesta en junio de este año, estarán en juego 629 cargos federales y más de 20 mil cargos a nivel local, que incluyen la renovación sexenal de la presidencia, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.
¿Y por qué de Estado?
Porque se trata de controlar y ordenar a todos los órganos del Estado para que gane un partido y sus candidatos en favor de una causa política, haciendo uso de todos los recursos políticos, jurídicos, financieros y administrativos con que el Estado cuenta.
¿Y qué dicen las leyes al respecto?
Tanto los artículos de Constitución como las leyes electorales que regulan los procesos electorales les prohíben a las autoridades de cualquier nivel la injerencia en las elecciones, ya sea en los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar sus candidatos, o en los trabajos preparatorios de la elección y las campañas de los candidatos.
¿Y las autoridades han cumplido con la legalidad?
En estos tiempos no. No ha habido respeto ni por las formas ni por las leyes. Estamos ante gobiernos que no utilizan la herramienta del diálogo para consensuar las decisiones. Durante el sexenio del presidente López Obrador y los años que llevan en el poder los gobernadores de Morena, no ha existido diálogo ni con los adversarios ni con los partidos de oposición. Se confiaron en las mayorías obtenidas en el Congreso de la Unión en 2018 para hacer y deshacer, sin tomar en cuenta las opiniones opositoras. En los estados les ha funcionado a los gobernadores la política de cooptación de opositores para transitar políticamente y sin dialogar con otras fuerzas y tratar de imponerlo todo.
¿Y cuáles son los principales motivos de sospecha?
La labor de los llamados “siervos de la nación” que, pagados por el gobierno y disfrazados con chalecos de color guinda de Morena, aparentan ser del INEGI para visitar casa por casa y preguntan a los vecinos acerca a de las pensiones y las ayudas a los adultos mayores, revisan si cuentan con credencial de elector, transmiten un saludo del Presidente de México y mandan el mensaje subliminal de que el próximo junio voten por los candidatos de Morena.
Esa labor, así como la promoción de las llamadas corcholatas, se han intensificado cuando en el 2021 se dieron cuenta que podrían perder la elección del 2024 por los números obtenidos en aquella elección, apenas a casi tres años de iniciado el nuevo gobierno.
¿Y la estrategia presidencial también?
Sí. Con las llamadas conferencias de prensa “mañaneras”, que utiliza todo el poder y los recursos de los medios de comunicación oficiales y privados, se ha hecho política también en contra de los adversarios políticos. El presidente al principio quiso descarrilar a Xóchitl Gálvez promoviéndole investigaciones sobre su patrimonio y empresas, atacándola públicamente y acusándola de oponerse a los programas sociales que, cree él —según sus apreciaciones—, los inventó.
Además, en las llamadas mañaneras se han promovido encuestas a favor de Morena y sus candidatos y se han utilizado para defender y apoyar a todos aquellos políticos oficiales a los que se les han señalado, incluso probado, prácticas corruptas. Aparte, se ataca sin pudor alguno a opositores del medio empresarial y de los medios de comunicación que están fichados como enemigos del gobierno por la línea independiente y crítica que manejan.
¿Qué otros elementos advierten de una elección de Estado?
Las frecuentes críticas al INE y a sus consejeros, que curiosamente han ido amainando con la llegada de Guadalupe Tadei a la dirección del Instituto; los ataques permanentes contra los ministros de la Suprema Corte de justicia y su presidenta Norma Piña; el silencio sepulcral en torno al plagio demostrado de la tesis de grado de la ministra de la Corte Yazmín Esquivel, propuesta por el presidente al inicio de su gobierno; el ataque despiadado a los órganos autónomos como el INAI; la UNAM y el CIDE; la desaparición de Notimex; y los controvertidos nombramientos hechos por el Ejecutivo en la CNDH y en la Suprema Corte —con una ministra sin las capacidades requeridas, pero hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México—.
También proponer a través de aliados políticos la prolongación de la Presidencia del presidente de la Corte Arturo Zaldívar, a quien se le trató de garantizar dos años más en el cargo con una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando, a todas luces, dicha reforma contradecía las disposiciones constitucionales al respecto.
¿Y otras medidas de política oficial?
Presumir al inicio del año el incremento de las pensiones a los adultos mayores en pleno proceso electoral, asegurándoles 3 mil pesos al mes, con un propósito —más allá de la justicia o las justificaciones— meramente electorero y con alto impacto en las finanzas públicas.
Alargar los plazos para la regularización de los carros chuecos que, de una demanda social —justa en su tiempo— ahora se ha convertido en un jugoso negocio de particulares que se dedican a importar vehículos —no necesariamente para el trabajo— para ubicarlos en México y venderlos al mejor postor, ya con el compromiso de la regularización afectando a la industria automotriz que genera más de 500 mil empleos.También fortalecer el subsidio a la gasolina a través del IEPS y borrar de la agenda la consabida promesa de que ya no importaríamos el combustible.
¿Y en materia de política electoral?
Enviar —sabiendo que no iban a pasar—al Congreso un conjunto de 20 reformas electorales para ponerle agenda a sus candidatos y hacer ruido previo al inicio de las campañas.
Sin duda la utilización de grandes cantidades de recursos públicos para destinarlos a las campañas electorales. Mucho ruido, mucha propaganda, espectaculares, muchos camiones alquilados de los que nadie rinde cuentas y menos quieren dar información.
Se habla de que son dos los proyectos que están en juego para México en la próxima elección: ¿Cuáles son?
En el oficialismo se habla de un “segundo piso” de la autollamada Cuarta Transformación. No se sabe a ciencia cierta a qué tipo de transformación se refieren los que llevan casi 6 años presumiendo ser diferentes.
Desde luego que la llamada 4T no deja de ser una vacilada, al igual que la “revolución de las conciencias” que presumen los defensores del oficialismo. Ni una ni otra han sido probadas en la realidad. La llamada “Transformación” ha derivado en retrocesos y un peligrosos déficit en las finanzas públicas que van a condicionar al próximo sexenio.
Ni transformación ni nada serio, simplemente un gobierno con otras características que en base a la polarización, el resentimiento social y el desprecio por las formas, que durante años dieron viabilidad al sistema político mexicano, han provocado importantes retrocesos en el sistema de gobierno y en el manejo de las principales instituciones de México.
El otro proyecto es atender la problemática nacional más urgente (estado de derecho, salud, seguridad, educación) y tratar de reconstruir las instituciones que por muchos años garantizaron estabilidad política en México: Más de lo mismo para mal, o un verdadero cambio. Sin mayores definiciones ni rebuscamientos, eso es lo que verdaderamente estará en juego el próximo 2 de junio. Por eso hay que salir a votar.
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