Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco.Moreno
El primer presidente de México que pensó en la creación de un Seguro Social fue Álvaro Obregón Salido.
No pudo concretar el proyecto por la falta de recursos económicos. Él había trabajado como obrero en molinos harineros y sabía de las penurias por las que pasaban los trabajadores y sus familias.
El presidente Plutarco Elías Calles, en su viaje por Europa antes de tomar posesión del cargo, se interesó por otro proyecto de seguridad social, como el que funcionaba ya en Alemania. Calles fue profesor rural, comerciante y trabajó en el campo. Tampoco tuvo recursos y a lo más que llegó fue a crear un Instituto de Pensiones en 1925.
El presidente Cárdenas le dijo que no a su secretario Ignacio García Téllez, cuando este le presentó el proyecto de creación del seguro social, alegando que, con el problema de «la expropiación petrolera», no quería abrir un nuevo frente de conflicto con el sector empresarial.
Fue hasta 1943 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho decretó la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social —subrogando la mayor parte de sus servicios—, y avanzando gradualmente en su implantación en los Estados de la República, con la oposición abierta del sector privado de la medicina.
El presidente Cárdenas recogió la iniciativa de Calles para hacer avanzar la legislación que protegiera a los trabajadores al servicio del Estado, pero sin crear una institución y solo reconociendo sus derechos. Fue hasta 1959 que el presidente Adolfo López Mateos —como exsecretario del Trabajo— promovió la reforma del artículo 123 para crear un apartado «B» referente a los derechos y a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, y así nació el Issste, creado por ley un 30 de diciembre de 1959.
Al día de hoy las instituciones de seguridad social imaginadas por los presidentes de la posrevolución y continuadas por sus sucesores amparan, el IMSS a 79 millones de habitantes y el Issste a 14 millones, es decir, a un total de 93 millones de mexicanos de los 134.4 que somos actualmente.
Es decir, el 72% de la población mexicana se encuentra amparada por la seguridad social federal. El resto se encuentra adscrito a los institutos estatales de seguridad social o al sistema abierto del llamado IMSS-Bienestar, que busca la universalización de los servicios de salud pública, un objetivo todavía lejano.
Desde sus orígenes, las instituciones de seguridad social han sido atacadas y descalificadas. En un principio por el sistema privado de salud, que sintió que sería desplazado por los servicios públicos de salud, y posteriormente por cuestiones políticas, dada la naturaleza y los orígenes de los titulares de los organismos y el poder alcanzado por las organizaciones sindicales en la operación institucional.
Con el tiempo y con el surgimiento de nuevas enfermedades —crónico-degenerativas— y el incremento notable de pensionados por la ampliación de las expectativas de vida y los sistemas de protección social, las presiones por la calidad del servicio se han incrementado en todas las estructuras y entre toda la derechohabiencia, que se justifica alegando pagar por los servicios.
Existe un gran número de enfermedades (corazón, diabetes, cáncer) que deben ser tratadas con la dotación de medicamentos para toda la vida. También con la consulta periódica de especialistas que deben estar al cuidado de los enfermos crónicos en clínicas y hospitales para regular los tratamientos médicos y la atención directa.
Sin embargo, por la saturación de los servicios, la escasez de recursos y el crecimiento de la derechohabiencia, a las instituciones de salud se les han complicado los tiempos de espera.
Tiempos de espera para consulta de especialidades, para las cirugías y para la entrega de los medicamentos en las farmacias de los hospitales. Y ahí es donde ha estallado el conflicto con derechohabientes que sienten que deben ser mejor tratados dadas las aportaciones económicas en su vida laboral, quizá sin saber que se enfrenta una crisis de recursos económicos al bajar el presupuesto federal para la salud y el replanteamiento de las prioridades de la institución para otras regiones de México.
También el desgaste de las instalaciones médicas que por años padecieron escasez de recursos para su propio mantenimiento.
Y para ahondar la crisis, la desaparición en 2018, con el nuevo gobierno de la autollamada 4T, de las delegaciones del Issste en los Estados. Fue un gran error. Los delegados actuaron siempre como una correa de transmisión entre las necesidades estatales y los recursos federales a través de la gestión directa.
Durante muchos años, la figura del delegado estatal representaba la máxima autoridad del Issste en los Estados. Algo no entendieron los estrategas administrativos de la 4T, que desaparecieron la figura, contribuyendo con eso al desorden y a la falta de coordinación entre lo local y lo central. Y fueron especialmente duros con el Issste, porque el resto de las delegaciones federales (SCT, Sader, Profeco, etc.) siguen operando sin alteración alguna.
Eso es parte de la crisis que ahora se vive y hay que entenderlo. El personal del Issste hace su mejor esfuerzo —con lo que tiene—, pero hace falta la función de un representante estatal —un gestor que evalúe las necesidades y proponga soluciones— a nivel central. Ya llevan ocho años con ese problema.
Duele lo que parece una agresiva y orquestada campaña en contra del Issste, como antes lo fue contra el IMSS. La crítica nada dice del altísimo costo de los servicios privados de salud y la expansión de servicios médicos en farmacias y boticas de pueblo ante la crisis del sector público en Estados y municipios.
Más allá de los señalamientos sobre las carencias y los cuellos de botella de la institución, los más acendrados críticos parecen ignorar el enorme esfuerzo de los trabajadores del Issste, que todos los días se la juegan, entre la atención a la derechohabiencia que por ahora llega en Sonora a 345 mil personas,con más 28 mil jubilados.
Resulta muy loable que el gobierno estatal haya influido para acelerar los apoyos a las necesidades más urgentes del Instituto y el Hospital General Fernando Ocaranza, sin dejar de lado que la auténtica prioridad actual es la construcción de un nuevo hospital en la capital del Estado, que sustituya al adquirido en 1964 para adecuarlo a las necesidades de la nueva institución. Esa gestión requiere que se haga del conocimiento de la Cámara de Diputados federal la asignación de recursos para la primera etapa en el proyecto de presupuesto de egresos que llegará a esa Cámara el próximo 8 de septiembre. Más allá de las buenas intenciones, se requiere de esa operación política para que la nueva obra fructifique.
Defendamos al Issste y al Seguro Social por sus enormes aportaciones a la población mexicana, que no imaginamos cómo le harían sin el apoyo de esas instituciones. Los problemas de coyuntura y las crisis localizadas son mucho menores que las grandes aportaciones realizadas por esas instituciones en su historia.
