Escribe: Licenciado Bulmaro Pacheco Moreno
El caso del actual gobernador con licencia del estado de Sinaloa marca un precedente en el sistema político mexicano.
Se trata del primer gobernador en funciones —en la historia— que es señalado por el gobierno de los Estados Unidos de estar sujeto a investigación por asociación con la delincuencia organizada y por el cual se solicita —al gobierno mexicano— su extradición para ser juzgado en aquel país por los delitos que se le imputan.
Sí es cierto que, antes de Rocha Moya y desde 1999, han sido sometidos a juicio —y la mayoría encarcelados— más de 20 gobernadores estatales que han enfrentado procesos en México y en los Estados Unidos; pero todos después de dejar sus cargos, más por procesos de alternancia política en los estados —el cambio de un partido a otro, siempre adversarios— que por un verdadero sentido de justicia, con algunas excepciones notables, como los casos de oscar Espinoza y Mario Villanueva Madrid, cuyos procesos iniciaron en el gobierno de Ernesto Zedillo.
En el caso de esos exgobernadores procesados y encarcelados, no ha habido distinción de partidos ni de filiaciones políticas: Rodrigo Medina (PRI) en Nuevo León; Oscar Espinoza (PRI) y Rosario Robles (PRD) de la Ciudad de México; Roberto Borge (PRI) de Quintana Roo; Javier Duarte Ochoa y Flavino Ríos (PRI) de Veracruz; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (PRI) de Tamaulipas; Guillermo Padrés Elías (PAN) de Sonora; Luis Armando Reynoso (PAN) de Aguascalientes; Jesús Reyna (PRD) de Michoacán; Andrés Granier (PRI) de Tabasco; Roberto Sandoval (PRI) de Nayarit; Narciso Agúndez (PRD) de Baja California Sur; Jorge Juan Torres y Humberto Moreira (PRI) de Coahuila; Pablo Salazar (PRD) de Chiapas; Mario Marín (PRI) de Puebla; y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” (independiente), de Nuevo León.
Todos fueron enjuiciados después de entregar el poder en sus estados. Las cuentas pendientes con el gobierno de los Estados Unidos de algunos de ellos —lavado de dinero, asociación con la delincuencia organizada y exceso de propiedades en ese país— provocaron que varios pasaran temporadas encarcelados allá, pero ninguno comparable con el caso que ahora nos ocupa con el affaire Rocha Moya, por las siguientes razones:
Siempre sostuvieron que eran diferentes. La misma presidenta Sheinbaum, al defender al inicio al gobernador con licencia —cuando diversas agrupaciones políticas demandaban su remoción o separación del cargo— afirmó que “ellos eran diferentes y que las cosas ya no se hacían como en el pasado”, cuando eran frecuentes las licencias, nuevos empleos, motivos de salud y otras justificaciones que encubrían a gobernadores ineptos, muy corruptos o incómodos para el presidente en turno, que llegaban a crear condiciones de ingobernabilidad en sus estados, dañando el pacto federal y afectando a todo el sistema político.
El cinismo y el desenfado con que fueron abordadas las acusaciones contra el gobernador Rocha por el expresidente López Obrador y por el propio gobernador, cuando aparentaban que nada pasaba y que todo se trataba de ataques contra el “Movimiento de la 4T”, que tantos beneficios había traído a los mexicanos.
Esa defensa llegó a tal grado que el expresidente López Obrador le organizó eventos masivos de apoyo, acompañado incluso de la presidenta electa, para mandar el mensaje de que no habría ningún efecto posterior al fallido programa de “abrazos y no balazos”.
La suerte de Rocha Moya empezó a marcarse desde su propia elección: no era favorito en las encuestas internas de Morena. Llegó al poder porque lo impuso el expresidente, al igual que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien tampoco era la favorita en las encuestas internas.
Ganó la elección de 2021 con el apoyo de la delincuencia organizada, que se dedicó a levantar y secuestrar opositores —sobre todo del PRI— antes y durante la jornada electoral, para confiscarles listados y estrategias de campaña y dejarle el camino libre a Rocha, liberando a algunos hasta horas después de haber cerrado las casillas electorales. Todo eso está documentado y los afectados todavía viven para contarlo.
López Obrador no protestó cuando un avión trasladó de Culiacán a Estados Unidos a “El Mayo” Zambada, con la complicidad evidente del gobierno estatal y de algunos grupos delictivos que organizaron su captura y traslado.
No apareció el manoseado argumento de la “soberanía”, a pesar de que no se informó ni al gobierno federal ni a las fuerzas policiacas locales del traslado de Zambada. En ese mismo contexto, y con conocimiento de las autoridades, se intentó disfrazar el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, al señalar que se trató de un intento de robo de su camioneta en una gasolinera.
A partir del “affaire” Zambada, se desató en Sinaloa una serie de enfrentamientos entre grupos rivales de la delincuencia organizada que, hasta la fecha, han desestabilizado al estado.
Todo ello pasó a la cuenta del expresidente López Obrador, quien no tardó en culpar a Estados Unidos de la violencia local, así como al propio gobernador, que perdió definitivamente el control del estado, alcanzando la violencia incluso a dirigentes políticos, legisladores y organizaciones sindicales de la capital.
A partir de las acusaciones de una corte de Nueva York contra el exgobernador y diversos personajes políticos locales, las cosas han cambiado para México y para el gobierno federal.
El gobierno federal ya no podrá recurrir al manido argumento de que “no hay pruebas contra los señalados”: pruebas sobran. Bastaría con citar a declarar a los involucrados en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, profundizar en la captura y traslado de “El Mayo” Zambada, así como en los hechos violentos ocurridos en ese contexto.
También sería pertinente investigar el verdadero significado de los hechos de octubre de 2019, cuando el expresidente López Obrador ordenó —¿por qué motivos?— dar marcha atrás al operativo para capturar a uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Culiacán.
El caso Rocha Moya va para largo, y las sorpresas también. Marca —para mal— al sistema político instaurado en México en 2018, que juraba ser diferente al pasado.
Sienta un grave precedente en la relación con el gobierno de la primera potencia mundial, en una coyuntura compleja para México, donde múltiples asuntos están en juego —entre ellos el Tratado de Libre Comercio— y obliga a la presidenta de México a definiciones radicales ante una disyuntiva crucial para la viabilidad de su proyecto político y su supervivencia: ¿complicidad o deslinde?¿Visión de Estadista o reduccionismo partidista? No tiene ninguna necesidad de cargar con un pesado fardo político que le afecta enormidades a México y a ella, y lo peor… heredado.
