Recurre al PRI “duro, experimentado y marrullero”; suman a Osorio, Beltrones, Paredes, Juárez y Ávila

El equipo de campaña de José Antonio Meade sigue dando patadas de ahogado. Con la creencia de volver a atraer al ex gobernador hidalguense y ex titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a sus filas con lealtad asegurada, ya sin temores de renuncia y adhesión a Morena a través de encabezar al Partido Encuentro Social, cuyo líder empató con algo más que con ideas con este ex funcionario, lo nombraron coordinador de la campaña de los senadores tricolores.

Si eso no significa burlarse de la trayectoria y de las intenciones mencionadas una y otra vez al tiempo de darle validez a la vergonzosa despedida ordenada por Peña Nieto, hay una mala interpretación sobre las decisiones cupulares tanto gubernamentales como partidistas.

De ser nombrado dentro de las ternas de posibles elegidos para suceder al mexiquense, de señalarse la posibilidad de suplir a Enrique Ochoa en la dirigencia nacional del PRI, ponderando su trayectoria, de haberle creado una super-secretaría y otorgarle la jefatura del gabinete de seguridad, lo único brindado a Osorio Chong posterior a la corrida de la Secretaría de Gobernación fue una coordinación de aspirantes de primer grado, gastados, señalados, reprobados de antemano.

Seguramente, al ser miembro distinguido del club de los perdedores, el ex funcionario merecerá el respeto de aquellos cuyas derrotas no serán tan vergonzantes y, así, ninguno podrá arrebatarle el liderazgo.

Habrá quienes encuentren debe ser aplicado el calificativo de coordinadores de lujo para la campaña de Meade Kirubeña a los personajes cuyas trayectorias políticas son relativamente amplias, pero, por lo mismo, han sido reiteradamente señaladas. Tanto tiempo los ha desgastado y permitido a los ciudadanos enterarse de una y mil situaciones nada claras en las cuales se ha llegado a presumir, inclusive, la realización de ilícitos y abusos.

Puede observarse claramente la visita hecha a los panteones, lugares desde donde revivieron muertos y a los rígidos los pusieron en marcha.

Seguramente el Verde y los de Nueva Alianza dieron el visto bueno para Manlio Fabio Beltrones a quien le dieron la tarea de coordinar las campañas de la primera circunscripción, la cual incluye a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La tarea no es fácil si se observa el número de gobiernos en manos de la otra alianza, de la compuesta por el PAN, el PRD, y el ganón de ganones, Movimiento Ciudadano.

Aunque también están los marcados por la delincuencia organizada como sus territorios y no falta el prietito del arroz ubicado justamente en Chihuahua, en donde Javier Corral encontrará, con tan solo esta nominación, argumentos para hundir aún más al tricolor.

La segunda circunscripción comprende Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Allá ha sido enviada doña Alma Carolina Viggiano Austria, hidalguense y gente de toda la confianza de Osorio Chong. Y no puede verse sin un respaldo fuerte a quien coordine esta circunscripción en virtud de contar con entidades inmersas en el narco como son Tamaulipas, Coahuila y Aguascalientes junto con Zacatecas en un menor grado en cuanto a lo sangriento, en virtud de estar consideradas como entidades de paso.

El mapa de esta zona lo tiene bien trazado el ex titular de Gobernación y la permanente comunicación con el coordinador de asesores, iniciada cuando le coordinó la campaña para gobernador de Hidalgo, es seguro la auxilien en las tareas a desempeñar.
Para coordinar las campañas priistas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, seleccionaron a la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel.

El sureste nunca ha sido un buen refugio para la también ex embajadora de México en Cuba. Las incursiones en los territorios asignados no han sido exitosas ni en los tiempos en los cuales se desempeñaba como dirigente nacional del PRI. Las tensiones en la relación con la yucateca y ex gobernadora Dulce María Sauri, anularon el pequeño grupo de simpatizantes con el cual contaba.

El joven gobernador de Campeche tal vez le brinde una respetuosa caravana como muestra de respeto a la edad y, en Quintana Roo, la historia es larga y ligada tan abiertamente al apellido Joaquín que cualquier acción será cuesta arriba, salvo que el mandatario estatal, a manera de agradecimiento, le mande unos acarreados. Oaxaca y Chiapas la esperan con toda su pobreza; Veracruz con la galopante corrupción; Chiapas con grandes divisiones y en Tabasco se le va a aparecer el diablo… dicen.
“Mami que será lo que tiene el negro…”.

Al otro negro de Zedillo -uno era Joaquín Ernesto Hendricks, ex gobernador de Quintana Roo, desaparecido por estos días-, el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, le otorgaron la cuarta circunscripción en la cual está incluida su entidad natal, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Tal parece en esta designación se trazaron rutas: para llegar a Guerrero hay que pasar por Morelos y para llegar a Puebla, atravesar Tlaxcala, y en ambas pararse en el centro, en la Ciudad de México.

Son también estas rutas de delincuencia, tanto la dedicada al narco como al huachicoleo, así que ya se verá para donde jala don René y qué tanto logra cosechar de su fallida estancia en el palacio estatal cuando sus vecinos vestían igual camiseta.

Luciendo un bigote al cual todavía considera seductor, Mariano González Zarur andará por Colima, en Hidalgo, recorrerá el Estado de México y comerá carnitas y corundas michoacanas. El paisano de la Paredes Rangel y también ex gobernador tlaxcalteca, encuentra en el ex gobernador colimense y ex rector Fernando Moreno Peña su punto de apoyo para la responsabilidad asignada. Hidalgo le resulta pan comido porque seguirá puntualmente lo sugerido por Osorio Chong y Murillo Karam.

Sobre Michoacán mucho le contó Castillejos así que tiene muy bien ubicadas cantinas, bares, hoteles y centros distribuidores de cualquier necesidad. Al Estado de México poco irá, dice que Alfreditito del Mazo tiene todo controlado, cuando lo cierto es tiene vivo un gran temor ante la derrota anunciada sufrirá el PRI en esas tierras, en donde no aceptarán un segundo manipuleo electoral.
Quienes gustan de sentarse a jugar con cartas marcadas, seguro saben a que atenerse ¿o no?

PRESIDENTE GASTALÓN

México resiente un “sexenio perdido” bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. El país “es un cementerio de norte a sur” y las autoridades federales y estatales son omisas para corregir esta situación. La crisis de derechos humanos es persistente, la violencia es una constante y ante el acelerado incremento de ilícitos la impunidad es la regla general.

Pero el gobierno mexicano no reconoce la gravedad de la situación. Se empantana y hunde en un mar de corrupción, abierta, descarada, documentada y, una vez más, impune.

Le apuesta a la publicidad, despilfarra los recursos del erario federal. No respeta ni tiene limites. Al mismo tiempo recorta los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. Sin embargo, su imagen no mejora, está en franca pudrición, mientras la inconformidad social toma las calles.

Al igual que lo ha hecho a lo largo de toda su administración, Enrique Peña Nieto rebasó el año pasado el gasto de publicidad aprobado por la Cámara de Diputados, quien había autorizado 3,700 millones de pesos para la difusión de actividades gubernamentales. Sin embargo, el Ejecutivo erogó más de 7 mil 800 millones de pesos. Un año antes, en 2016, los diputados aprobaron 4 mil 580 millones, pero se gastaron 10 mil 698 millones.

El despilfarro inició en 2013, cuando los diputados presupuestaron 5 mil 481 millones de pesos para campañas de comunicación social, pero el gobierno federal ejerció 8 mil 154 millones. Los datos anteriores son del informe sobre el gasto en campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades gubernamentales, enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión. La mayoría de esos recursos se destinaron a la Televisión.
De acuerdo a los mismos datos del gobierno, recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia del país, casi 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años.

Además, líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, recursos que se distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos. Antes de firmar un contrato publicitario, los responsables de comunicación social de los gobiernos les exigen a ejecutivos y directores involucrados una cobertura positiva. Esto distorsiona la información de los medios y pretende también distorsionar la realidad.

James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recriminó al gobierno mexicano ese dispendio hecho en los últimos años, en lugar de enfocarse en reconocer la gravedad de la crisis en materia de derechos que enfrenta México.

Durante su participación en la presentación en México del Informe Anual 2017-18 de Amnistía Internacional (AI), destacó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otros relatores de la ONU, la propia CIDH, agrupaciones civiles nacionales y externas como AI y otras, han documentado la profunda crisis en la materia en el país.

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto no la ha aceptado y en su lugar “ha gastado 2 mil millones de dólares en publicidad en lugar de responder a esta grave crisis. Ha buscado maquillar, promover su imagen y no mostrar un compromiso con los derechos humanos”.
Cavallaro, quien también fue relator especial para México y estuvo al frente del caso Ayotzinapa en la CIDH, resumió una pequeña parte de un informe que en 2016 presentó esa instancia de la Organización de Estados Americanos sobre la situación de las garantías individuales en el país. Y, a dos años de distancia, “la situación ha empeorado”, lamentó.

El año pasado la violencia extrema se incrementó, las violaciones a derechos humanos continuaron y la impunidad es la regla. Con más de 46 mil homicidios, el 2017 fue el año más violento en tiempos recientes; la cifra de desaparecidos supera las 34 mil (según cifras oficiales), los casos de tortura son miles y sólo hay diez condenas por ese delito, además de que hay cientos de miles de personas desplazadas por la violencia.

Ninguna persona puede sentirse segura en territorio nacional si en los últimos10 años, por lo menos, 34 mil personas han desaparecido, destacó a su vez, Tania Reneam, directora de Amnistía Internacional México. “Cualquier persona que quiera tener un puesto de elección popular, o un puesto público, tendría que considerar no sólo la grave crisis de derechos humanos, sino el piso mínimo que han puesto los organismos internacionales en la materia”, puntualizó.

El primer paso para resolver esta situación es el reconocimiento honesto del Estado mexicano de la grave crisis en la materia, y partir de la realidad para diseñar políticas congruentes, subrayó el ex presidente de la CIDH, quien advirtió: mientras el gobierno mexicano se dedique a maquillar su imagen, en vez de afrontar la realidad, no se podrá superar esa situación.
GASTO DE COMUNICACIÓN, SIN LEY
A la fecha, no existe la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del gobierno. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) ordenó, a mediados de noviembre pasado, al Congreso de la Unión emitirla a más tardar el 30 de abril de 2018.

La primera Sala de la Corte amparó a la asociación civil Artículo 19, quien reclamó la omisión del Congreso de cumplir con el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en febrero de ese año.

De acuerdo a dicho transitorio, la ley reglamentaria debe “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, en todos los niveles de gobierno.

Por primera vez en su historia, y en una sentencia sin precedentes, la Corte ordenó al Congreso federal expedir una ley, y por primera vez lo mandató a reparar una omisión legislativa derivada del amparo promovido por un particular.

Esa decisión sentó un precedente para reclamar al Congreso federal y estatales la emisión de leyes por vía del amparo, siempre y cuando exista un mandato constitucional expreso para que lo hagan.

El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, aprobado por cuatro votos contra uno, dice: “la ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”. Y agrega: la omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso de esos recursos –o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno”.
De no cumplirse la sentencia al término del plazo, una jueza federal empezará a requerir a los presidentes de ambas Cámaras, quienes eventualmente podrían ser destituidos y consignados penalmente por la Corte si no acata el amparo. Cuatro años han pasado y el Congreso no ha expedido esa ley y lo peor es el gasto extraordinario realizado por los gobiernos federal y estatales, sin respetar lo autorizado en sus presupuestos.
SÓLO 1 DE CADA 5 MEXICANOS APRUEBA A EPN
En el sexto y último año de su gobierno, la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto es de apenas uno de cada cinco mexicanos, según encuestas recientes de Consulta Mitofsky.

Sólo 19 por ciento de los ciudadanos aprueba su trabajo, es decir, 81 por ciento lo reprueba, lo cual lo convierte en el peor mandatario mexicano de las últimas tres décadas, todo un récord, sin duda alguna.

Este porcentaje contrasta con la aprobación ciudadana registrada en el primer año de su administración, donde la mitad de la población apoyaba su trabajo, lo cual fue decayendo en los años siguientes, llegando a un nivel de sólo 16 por ciento en 2017.
Todos sus antecesores lo superan ampliamente: al arrancar el último año de su gobierno, el ex presidente panista Felipe Calderón registraba una aprobación del 50 por ciento; el primer presidente surgido de las filas del PAN, Vicente Fox, tenía 59% de aprobación en su último año; el priísta Ernesto Zedillo contaba con 64% de aprobación en el último año de su gestión; y el tecnócrata Carlos Salinas de Gortari llegó a tener hasta el 81 por ciento de aprobación al iniciar el último año de su gobierno, según las mediciones presentadas por Mitofsky.
Los peñanietistas podrían presumir que, pese a todo, el mandatario mexiquense registra una ligera alza en aprobación respecto a meses anteriores, pero en realidad no es muy significativa. Aunque Peña Nieto prometió “trabajar sin descanso” para cerrar su sexenio de la mejor manera posible, lo único visto por la opinión pública mexicana es el estancamiento económico, este viernes confirmado por el Inegi; una persistente crisis de derechos humanos no atendida; una ola de violencia creciente, incontenible, la cual ha convertido al territorio nacional en un gigantesco cementerio; un grosero y multimillonario dispendio en propaganda oficial para intentar mejorar su imagen; una galopante corrupción, tan inconmensurable como impune entre sus principales colaboradores, con el desvío a bolsillos privados de miles de millones de pesos de dinero público.
En contraste a la lujosa vida de los integrantes de la clase política priísta, panista y perredista en el poder, los mexicanos ven cada día reducir el poder adquisitivo de su salario; engrosan un millón más de trabajadores y sus familias a la pobreza cada año; los profesionistas, quienes con mucho esfuerzo terminan sus estudios, son condenados al ejército de reserva de desempleados; millones debe de refugiarse en la economía informal para sobrevivir y poder llevar alimentos a sus familias.

La inflación simplemente está fuera de control de las autoridades del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, lo cual contribuye al crecimiento acelerado de los precios de bienes y servicios, detonados por los incrementos en los energéticos: gasolina, gas, electricidad, etcétera.
De ahí la alta desaprobación de Enrique Peña Nieto, quien en su caída arrastra las aspiraciones de su candidato presidencial, José Antonio Meade, hundido en el tercer lugar de la competencia por la Primera Magistratura de la Nación.
FRASES CARIBEÑAS INMORTALES
“Soy su sangre, soy su rostro”, pronunció enfático Pedro Joaquín Delbois, refiriéndose a su padre, el titular de Energía, ex gobernador quintanarroense, ex de Turismo, ex de Organización del PRI, ex senador y ahora patriarca del clan, Pedro Joaquín Coldwell. Aunque con el mismo ánimo ha sostenido: “no fui felixista ni fui borgista, soy joaquinista” y remata: “mi padre si es profeta en su tierra”… O sea, ¿no?
“Fue una falla técnica”, decretó el gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Antes de tener los resultados de las investigaciones a realizar por parte de la Marina, la Policía Federal y la PGR, ya dijo lo que debe decirse, conocerse, darse por cierto como si gozara de una credibilidad a toda prueba. Lo mismo y antes de concluir las autopsias, expresaba alcoholizado el ex presidente Felipe Calderón y lo hizo, por ejemplo, cuando sostuvo la muerte de una indígena violada a los 74 años por una turba de uniformados, se debió a una úlcera gástrica.
“¡Ayyy mamacita linda, ¿cómo estamos?!!!! AMLO a su arribo a la reunión con la estructura de Morena y sus candidatos en Cancún. Ahí mismo se escuchó un dramático ¡¡¡rescátame!!!, emitido por quien, dijeron, ya fue mamacita.
“Quiero decirle a quien lo hizo que no lo debe hacer, realmente espero si se trate de un accidente”, Laura Beristain sobre la explosión del transportador de Barcos del Caribe, Y quien fuera del mismo partido que abandera la alcaldesa y surgida de ese mismo grupo sentenció: “no hay gobernabilidad en Solidaridad”, alcaldía a la que obviamente aspira.