General Plutarco Elías Calles, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Miguel Ángel “N”, de 33 años, y Miguel Ángel “N”, de 36, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado en número de dos y asociación delictuosa, suscitado en Sonoyta.
Durante la audiencia, ambas defensas solicitaron que se declarara ilegal la detención; sin embargo, tras el debate correspondiente y la exposición de argumentos por parte del Agente del Ministerio Público, el Juez de Control resolvió validar la actuación de los primeros respondientes, calificando de legal la detención.
Los hechos se registraron el pasado 16 de febrero, entre las 15:00 y 16:00 horas, cuando dos víctimas de identidad reservada transitaban a bordo de una grúa marca International 4300 sobre la carretera internacional tramo Sonoyta-Caborca; a la altura del kilómetro 244, fueron interceptadas por sujetos que viajaban en un vehículo Dodge Nitro, modelo 2007, color negro, sin placas de circulación.
Datos de prueba establecen que uno de los agresores amagó con un arma de fuego, obligándolos a detener la marcha y posteriormente privarlos de su libertad; las víctimas fueron trasladadas a un domicilio en Sonoyta, donde mediante amenazas de muerte exigieron a su empleador el pago de 25 mil pesos a cambio de su liberación, generando afectación psicológica acreditada mediante dictámenes periciales.
Cuando los imputados se desplazaban por el bulevar Francisco Eusebio Kino, en dirección norte a sur, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes ya contaban con reporte previo de los hechos.
A solicitud de la defensa, se amplió el término constitucional a 144 horas para resolver la vinculación a proceso. En tanto, el Juez impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso de actuar con firmeza ante delitos que vulneran la libertad y la seguridad de las personas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para combatir conductas de alto impacto.
