Impunidad, otra vez; ciudadanos en contra de perdonar los actos de corrupción de políticos

La impunidad es la principal causa de la corrupción, considera la mitad de la población. El 89 por ciento asegura es un fenómeno frecuente y manifiestan el principal responsable de combatirla es el gobierno, aunque los ciudadanos son corresponsables de la lucha, de acuerdo al reciente sondeo de un diario capitalino. La población está en contra de perdonar actos de corrupción cometidos por ex gobernadores, ex presidentes e incluso algunos ciudadanos. Sin embargo, la corrupción impera en México ante un ausente Estado de Derecho y un defectuoso sistema de procuración y aplicación de la justicia. Los ejemplos están a la vista:

Un juez federal exoneró del cargo de delincuencia organizada a los 21 implicados en el caso de la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes, ocurrida en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, en 2016. Argumentó que a estas personas la Fiscalía General de la República (FGR) las investigó y acusó por los delitos federales de  delincuencia organizada y otros, pero no fueron acreditados, de acuerdo con la resolución federal. Esta determinación da un revés a la FGR, quien no pudo acreditar los delitos.

A pesar de todo, la Fiscalía General del estado de Veracruz indicó los implicados no quedarán libres, pues están sujetos a sendos autos de formal prisión, por su probable participación en los delitos de homicidio y desaparición forzada en contra de los jóvenes, originarios de Playa Vicente.  “La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz reitera el compromiso moral ineludible que tiene con los padres de familia, familiares y amigos de los jóvenes asesinados, para que en este caso se haga justicia y no impere la impunidad”, estableció ese órgano judicial en un comunicado.

Cuitláhuac García, gobernador del estado,  encabezó el pasado 4 de marzo un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del Gobierno de Veracruz por los crímenes contra Susana Tapia Garibo, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, el cual respondió a la recomendación 5VG/2017 dela Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violaciones graves, y a un dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En ese acto, el gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por los actos atroces contra cinco jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados por policías estatales en colusión con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tierra Blanca, el 11 de enero de 2016.

Otro caso visible reciente es el del ex edil de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía Monroy. De acuerdo a un audio publicado en una página de Facebook creada ex profeso, se escucha a Estefanía Monroy planear con Noel Lara, “El Puma”, uno de los líderes del cártel huachicolero, el uso del presupuesto municipal para afianzar al grupo criminal, apoderarse de algunas zonas de la entidad y luego, a través del voto, gobernar Guanajuato.

En la conversación telefónica, el ex alcalde dice saber cómo obtener recursos públicos para aprovecharlos: “Yo te digo cómo manejes porque hay un chin… de recursos que se tienen que bajar, limpiecitos, sin broncas. Del fondo uno, del fondo dos, yo traigo cuánto le va a llegar, cuánto le llegó, cómo hacerle. Viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita. Viene un fondo que viene para compra de armamento. Ahí es un “bisnesote”, pero pues yo te lo platico así de cuates”, se le escucha.

La respuesta de “El Puma” es que busca financiamiento, pues argumenta “todos” están tomando del erario para construir casas, negocios y albercas, por lo cual necesita 30 millones de pesos para “agarrar pero bien” los municipios de Cortázar, Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, así como Valle de Santiago. Hugo Estefanía resalta su deseo de dirigir al PRD estatal con el fin de crear bases criminales y hacerse de la gubernatura en el 2024.

El Cártel de Santa Rosa de Lima habría reclutado a los alcaldes de San Luis de la Paz, Villagrán y de San José de Iturbide buscando apoderarse también de Valle de Santiago, Cortázar, Juventino Rosas y Celaya, bajo una red de extorsión y sobornos a través del perredista Hugo Estefanía Monroy, ex alcalde de Cortázar entre 20145 y 2016.

Luego de la difusión de ese audio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia de prensa que si hay delitos para inculpar a alguien, éste debe ser castigado. Señaló que todo aquel al que se le comprueben delitos tiene que ser juzgado por la ley sin que haya impunidad. “Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue a quien sea. No hay impunidad. Ya no hay protegidos, no hay influyentismo. El que comete un delito debe ser castigado”, dijo.

A su vez, el gobernador de Guanajuato, Diego Zinhue Rodríguez, dijo consultaría al fiscal Carlos Zamarripa sobre el tema para así conocer si podría o no ser investigado el ex alcalde involucrado. “Es importante pensar en una reforma electoral, hay que blindar a los partidos políticos en las próximas candidaturas para que no se vean influenciados con dinero, ni con presiones del crimen organizado”, indicó el mandatario.

El gobernador de Guanajuato lamentó que mientras en esa entidad la violencia está a tope, la burocracia federal libere a delincuentes que han sido capturados a propósito de la liberación de la cuñada de José Antonio Yepez “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, su pareja sentimental, Angélica N. y un elemento de la Policía Federal. Rodríguez sostuvo que la Fiscalía de Guanajuato no fue responsable, y culpó a la Fiscalía General de la República (FGR).