San Luis Río Colorado, Sonora.- Una investigación sólida sustentada con pruebas contundentes permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtener sentencia condenatoria con una penalidad global de 103 años de prisión para cada uno de cinco responsables de secuestro agravado y asociación delictuosa, además del pago individual de una multa de 870 mil 731.40 pesos, en San Luis Río Colorado, Sonora.
Los condenados son Luis Ángel “N”, de 31 años; Marco Antonio “N”, de 48; Carlos Adolfo “N”, de 23; Alanis Zayuri “N”, de 20; y Milagros “N”, de 45 años, quienes fueron encontrados penalmente responsables por hechos cometidos en perjuicio de Juanito Daniel “N”, una víctima menor de edad de identidad reservada y la sociedad.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público acreditó que el 3 de diciembre de 2024, alrededor de las 22:00 horas, Marco Antonio “N” y Luis Ángel “N”, junto con otros sujetos armados, privaron ilegalmente de la libertad a la víctima menor de edad cuando transitaba por calles de San Luis Río Colorado, obligándolo a subir a un vehículo sedán gris para trasladarlo a un domicilio donde fue retenido contra su voluntad.
Las investigaciones establecieron que los responsables buscaban apoderarse ilícitamente de pertenencias de la víctima, entre ellas un teléfono celular y 5 mil dólares estadounidenses, 101 mil 606 pesos, además de mantenerla sometida mediante amenazas y el uso de armas de fuego.
Además, el 5 de diciembre de 2024, mediante engaños, Juanito Daniel “N” fue citado a un domicilio donde fue amagado por diversos sujetos y posteriormente trasladado a otra ubicación, sitio donde se encontraban Carlos Adolfo “N”, Marco Antonio “N”, Luis Ángel “N”, Alanis Zayuri “N” y Milagros “N”.
En ese lugar, los acusados intentaron obligar a la víctima a colaborar con un grupo criminal, sin embargo, ante la negativa, ambos afectados fueron retenidos ilegalmente y amenazados de muerte mientras los agresores permanecían organizados y armados con la finalidad de obtener beneficios ilícitos.
Las víctimas permanecieron privadas de la libertad hasta el 6 de diciembre de 2024, cuando agentes de seguridad realizaron un operativo que permitió su rescate y la captura de los responsables, evitando que los acusados concretaran sus propósitos criminales.
